Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el MEF busca intensificar el control en las plantas concentradoras como eje de la formalización minera. Esta medida no es solo un ajuste administrativo, es un cambio profundo en la matriz de supervisión estatal que redefine las reglas del juego para la inversión privada en el Perú.
La fiscalización más rigurosa sobre la capacidad instalada y la procedencia del mineral transformará la relación contractual entre los titulares mineros y las entidades del Estado. Desde mi perspectiva, este escenario genera una brecha crítica de riesgo: el cumplimiento normativo preventivo y la correcta estructuración de contratos. Las empresas que no adecuen sus procesos de contratación y supervisión técnica bajo un marco legal sólido enfrentarán paralizaciones o sanciones severas que afectarán su flujo de caja. Por otro lado, el Estado requiere de una gestión de contratos públicos impecable para que estos nuevos controles no se traduzcan en trabas burocráticas que deriven en costosos arbitrajes de inversión. La clave del éxito en este nuevo entorno radica en blindar jurídicamente cada etapa de la operación, transformando la presión regulatoria en una ventaja competitiva de transparencia y eficiencia.
Mi predicción es clara: solo los actores que integren una asesoría especializada en contratación y arbitraje desde la fase de planeamiento lograrán mitigar el riesgo de litigios y capitalizar los beneficios de la formalización. El mercado actual exige una defensa técnica y preventiva que solo la alta especialización puede garantizar para asegurar la rentabilidad y la continuidad de los proyectos estratégicos.
#ContrataciónPública #Arbitraje #Licitaciones #Perú #EstudioBonnett #InversiónPública #Abogado
Fuente Original: Leer noticia completa aquí