Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: La proyección del MEF sobre los USD 307.8 millones que el Puerto de Chancay aportará a Sunat en 2025 subraya una verdad ineludible: la magnitud de la inversión pública demanda una gestión contractual blindada.
Esta cifra no solo refleja potencial económico, sino la altísima exposición al riesgo legal. Las empresas y entidades estatales inmersas en licitaciones de esta envergadura deben entender que la prevención de controversias inicia en la fase de estructuración del contrato. Un manejo deficiente de las adendas, valorizaciones o modificaciones puede anular rápidamente el beneficio económico proyectado. El Perú no puede darse el lujo de ver estos ingresos vitales diluirse en arbitrajes complejos por falta de previsión en la contratación pública.
Mi experiencia me dicta que asegurar el éxito de proyectos estratégicos para el país, como Chancay, depende directamente de la solidez con que se aborden los procesos de licitación y la estrategia de defensa arbitral. El tiempo de la improvisación contractual ha terminado; el futuro de estas megaobras está en manos de quienes invierten en asesoría legal experta desde el día uno.
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