Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: El MEF anuncia que acudirá al TC por leyes de alto impacto fiscal. Este conflicto institucional no es solo un tema presupuestario; es una señal clara de la creciente inseguridad jurídica que permea la ejecución de contratos y proyectos de inversión pública en el Perú.
La incertidumbre generada por estos contenciosos fiscales magnifica los riesgos contractuales. Para las empresas que licitan o ejecutan proyectos estatales, este entorno volátil requiere una planificación legal predictiva. No basta con ganar una buena pro; la clave del éxito económico radica hoy en blindar la inversión a través de cláusulas de mitigación de riesgo fiscal y mecanismos de solución de controversias robustos.
Una gestión contractual proactiva, asistida por expertos en Contratación Pública y Arbitraje, transforma la amenaza de una ley inconstitucional en una ventaja competitiva. Quienes logren interpretar y capitalizar la interacción entre el derecho constitucional y la contratación estatal, asegurando sus intereses antes de que la controversia escale, serán los únicos que mantendrán la rentabilidad. La defensa legal reactiva es costosa; la asesoría preventiva es la inversión más inteligente para el Estado y para el sector privado.
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