**Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: La inversión europea en Perú alcanzó US$ 17 mil millones, cifra que reafirma el apetito del capital extranjero por nuestras obras públicas y el imperativo de blindar la seguridad jurídica.**
Un volumen de inversión de esta magnitud exige que el Estado Peruano y las empresas privadas actúen con una previsión legal quirúrgica. Los US$ 17 mil millones no son solo montos de obra; son miles de contratos, adendas y potenciales controversias que demandan la máxima especialización. La diferencia entre el éxito financiero y el fracaso legal de estos proyectos reside en la calidad de la estructuración contractual. Es en la fase de ejecución, y ante un eventual diferendo, donde la falta de una defensa experta en contratación pública convierte los grandes negocios en litigios costosos e irresolubles.
El dinero extranjero busca estabilidad y eficiencia contractual. Por ello, es esencial que las entidades públicas garanticen procesos de licitación transparentes y, sobre todo, que las empresas cuenten con la capacidad legal para gestionar riesgos contractuales masivos y enfrentar arbitrajes complejos. Mi predicción es clara: mientras más flujo de capital haya en obras, mayor será el número y la complejidad de los arbitrajes. El costo de no prevenir el riesgo legal en el diseño de las licitaciones o en la gestión de adendas será siempre superior al costo de contar con un asesoramiento técnico especializado desde el inicio.
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