Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el incumplimiento de la regla fiscal por segundo año y el grave problema de las obras públicas inconclusas en Perú. Donde muchos ven un freno, yo veo una llamada a la eficiencia.
En un escenario de restricción fiscal, la gestión contractual deja de ser un trámite y se convierte en el eje estratégico del éxito. Cada sol invertido debe ser maximizado. Esto significa que tanto las entidades públicas como las empresas contratistas ya no pueden permitirse ambigüedades en los contratos, controversias mal gestionadas o paralizaciones costosas.
La clave no está en iniciar menos proyectos, sino en ejecutarlos con una precisión contractual y una estrategia de prevención de disputas impecable desde el inicio. La anticipación de riesgos y la estructuración de mecanismos de solución de controversias eficientes como el arbitraje son, hoy más que nunca, la mejor inversión para garantizar la continuidad y la rentabilidad.
Mi predicción es clara: las organizaciones que inviertan en una asesoría legal especializada en contratación pública y arbitraje no solo sobrevivirán a este entorno, sino que liderarán la ejecución de proyectos en el país, transformando el riesgo en certeza.
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