Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la trágica muerte de un electricista por una falla en su arnés en una obra pública. Este no es solo un accidente laboral; es la manifestación de un riesgo contractual mal gestionado.
Detrás de esta fatalidad se esconde una cadena de responsabilidades que trasciende lo penal. Para la empresa contratista, el impacto es inmediato: paralización de la obra, ejecución de garantías, penalidades millonarias y una reputación destruida. Para la Entidad Pública, se expone una supervisión negligente y, muy probablemente, unas bases de licitación deficientes que no exigieron las certificaciones de calidad adecuadas para equipos críticos.
Ambas partes se enfrentan ahora a un escenario de litigios complejos y controversias que inevitablemente escalarán a un arbitraje. Este tipo de contingencias no son mala suerte; son el resultado previsible de no haber invertido en una asesoría experta que blinde el contrato desde su origen, estableciendo obligaciones claras y mecanismos de control eficientes.
La prevención, a través de una sólida estructuración contractual y una supervisión legal activa, es siempre la estrategia más inteligente. La verdadera rentabilidad de un proyecto no está en reducir costos en seguridad o asesoría, sino en evitar desastres como este.
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