Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el Tribunal Constitucional ha habilitado a los hermanos de un congresista para contratar con el Estado. Más que una puerta abierta, esta sentencia es un laberinto de riesgos legales.
Este fallo podría generar una falsa sensación de seguridad en los postores. La línea entre una contratación válida y una infracción a la norma ahora es más delgada y sujeta a interpretación. Una lectura equivocada de los alcances de la sentencia puede derivar en la nulidad del contrato, inhabilitaciones y procesos sancionadores. Para las entidades públicas, la carga de análisis se intensifica; una evaluación deficiente de los nuevos criterios del TC podría paralizar obras y servicios esenciales, abriendo la puerta a costosas controversias.
Anticipo un inevitable aumento en las controversias y arbitrajes derivados de esta nueva línea jurisprudencial. La asesoría especializada y preventiva no es un costo, sino la inversión más rentable para garantizar la viabilidad y legalidad de los contratos públicos.
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