Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la paralización de más de 65 mil obras públicas desde 2012. El dato alarmante no es la cifra, sino la evidencia de que una alta inversión sin una gestión contractual sólida es un motor de litigios.
La estadística que revela una inversión pública del 5.2% del PBI, superior a la de otros países de la región, no es un indicador de éxito, sino de riesgo latente. Cada proyecto paralizado es la crónica de un contrato mal estructurado, un expediente técnico deficiente o una controversia mal gestionada que pudo ser prevenida.
Esta parálisis no solo congela el capital invertido, sino que activa un costoso ciclo de reclamaciones, ampliaciones de plazo y, finalmente, arbitrajes que consumen recursos que debieron destinarse al desarrollo. El problema no es financiero, es de origen: la deficiente estructuración legal y técnica de los proyectos.
Mientras la etapa de planificación y la estructuración de contratos no sean vistas como la inversión más crítica, seguiremos financiando futuros arbitrajes en lugar de obras.
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