Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: sujetos armados paralizando una obra pública en Lambayeque. Esto no es solo un problema policial, es una bomba de tiempo contractual.
Eventos como este activan inmediatamente la solicitud de una ampliación de plazo por parte del contratista, argumentando una paralización por causal no imputable. El verdadero riesgo para el Estado no es el retraso en sí, sino las consecuencias económicas que acarrea.
El contratista exigirá el reconocimiento de mayores gastos generales, costos derivados de un personal y maquinaria inactivos por una situación ajena a su control. La Entidad Pública tiene la obligación de entregar el área de trabajo libre de impedimentos y garantizar las condiciones para la ejecución; su fracaso en esta tarea se traduce en un incumplimiento contractual.
Mientras las Entidades Públicas no asuman su obligación de garantizar la seguridad y el control territorial de las obras, seguiremos viendo paralizaciones que terminarán en costosos arbitrajes, pagados por todos los peruanos.
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