Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la violencia en las obras es un costo no declarado que el Estado termina pagando, incluso cuando ocurre en el sector privado.
El «cobro de cupos» no es solo un problema de seguridad ciudadana; es un factor de riesgo contractual y económico que contamina todo el sector construcción. En las licitaciones públicas, estos costos ocultos se trasladan al valor de la oferta, inflando el presupuesto que finalmente pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos.
Peor aún, esta violencia genera paralizaciones y retrasos, que los contratistas luego traducen en solicitudes de ampliaciones de plazo y mayores gastos generales contra las entidades públicas. Se convierte en el germen de futuras y complejas controversias que terminan inevitablemente en arbitrajes costosos para el Estado. Las empresas no asumen este sobrecosto, lo trasladan.
Mientras el riesgo de la extorsión no sea sincerado y gestionado contractualmente desde las bases de la licitación, cada obra pública adjudicada será una potencial controversia arbitral por sobrecostos y plazos.
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