Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la transferencia de más de S/10 millones del MEF al GORE Lima para continuar obras de salud. Esta inyección de capital, lejos de ser una solución, puede ser el detonante de futuras controversias.
Estas transferencias, aunque necesarias, a menudo se ejecutan para reactivar proyectos ya paralizados o con retrasos significativos. El riesgo para las empresas contratistas es que estos fondos tengan una asignación específica que no cubra los sobrecostos, daños o gastos generales ya incurridos por la demora imputable a la entidad. Para el Estado, el peligro es aún mayor: gestionar este nuevo presupuesto sin una sólida estrategia contractual y sin resolver las disputas subyacentes es un error crítico.
Se asume que el dinero resolverá la paralización, pero se ignora que la causa raíz del conflicto —la responsabilidad por la demora inicial— sigue latente. El contratista podría exigir pagos no contemplados en esta transferencia, y la Entidad podría negarse, creyendo que el nuevo presupuesto ya soluciona todo.
Si el Gobierno Regional no formaliza adecuadamente la gestión de estos fondos y no atiende las controversias preexistentes con los contratistas, esta transferencia no reactivará obras, sino que financiará los laudos arbitrales del mañana.
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