Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el MTC ratifica el acuerdo G2G con Francia para la Nueva Carretera Central, una obra de gran envergadura que demanda algo más que voluntad política: rigor técnico-legal extremo.
La ratificación de este acuerdo bajo el modelo de Gobierno a Gobierno (G2G) representa una señal de continuidad, pero sobre todo un desafío crítico para el sector privado y el Estado. Este mecanismo, aunque ágil, no está exento de las complejidades inherentes a los estándares internacionales y el derecho administrativo peruano. Para las empresas participantes, el éxito no reside únicamente en la ejecución técnica, sino en la gestión contractual sofisticada y la prevención estratégica de controversias. Estamos ante un escenario donde la correcta interpretación de cláusulas y la gestión eficiente de reclamaciones definirán la rentabilidad y viabilidad de los proyectos. La oportunidad real radica en estructurar estrategias legales que anticipen riesgos contractuales antes de que se conviertan en costos insalvables para el tesoro público o las constructoras.
La complejidad de estos megaproyectos asegura que solo quienes integren asesoría jurídica especializada desde la etapa de estudios lograrán blindar sus intereses. Mi predicción es clara: en un entorno de alta fiscalización y plazos ajustados, contar con expertos en contratación pública y arbitraje es la única inversión obligatoria para evitar paralizaciones y garantizar la seguridad jurídica de la obra.
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