Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: más allá del optimismo por la seguridad energética, este megaproyecto binacional esconde una complejidad contractual que podría convertirse en una trampa legal para el Estado y las empresas.
La etiqueta «estratégica» suele acelerar procesos, pero a menudo a costa de la rigurosidad en la definición de alcances y responsabilidades. Al ser una obra entre Perú y Ecuador, con impulso de la UE, estamos ante una superposición de tres marcos normativos. Esto crea un terreno fértil para vacíos legales y conflictos de jurisdicción que no deben subestimarse.
El éxito del proyecto no dependerá solo de la ingeniería, sino de la arquitectura legal que lo sostenga. El contrato de obra o de inversión será el campo de batalla donde se definirá la verdadera rentabilidad y riesgo. Las empresas que participen sin un análisis exhaustivo de las cláusulas de ley aplicable y solución de controversias estarán navegando a ciegas.
Preveo que el verdadero desafío no será técnico, sino legal. La falta de un marco contractual unificado y cláusulas de arbitraje claras generará, inevitablemente, costosos arbitrajes internacionales que el Estado Peruano deberá afrontar.
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