Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la improvisación fiscal es el principal factor de riesgo para cualquier contratista del Estado.
Más allá del programa social específico, el mensaje subyacente es alarmante. La práctica de anunciar compromisos para luego «buscar fondos» subvierte un principio clave de la contratación pública: la predictibilidad y la certificación presupuestal previa. La Ley de Contrataciones del Estado exige que toda obligación de pago esté respaldada por un presupuesto asignado *antes* de iniciar un proceso, no después.
Cuando este modus operandi se traslada de un programa de becas a un contrato de obra pública o a una adquisición de bienes, el riesgo para el proveedor se vuelve inmanejable. Las empresas podrían ejecutar sus prestaciones confiando en la palabra de una autoridad, solo para enfrentar demoras o impagos porque los «otros fondos» nunca se materializaron. Esto destruye la confianza, afecta el flujo de caja y encarece el costo del crédito para los privados que trabajan con el sector público.
Si esta lógica de «gastar primero, presupuestar después» se convierte en la norma, veremos un aumento inevitable de controversias por falta de pago. Anticipo que el Estado enfrentará una nueva ola de arbitrajes donde su defensa por desorden administrativo interno será insostenible.
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