Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la empresa Gálaga evalúa demandar a la ONPE por daño reputacional tras cuestionamientos en su adjudicación; un recordatorio de que en el Perú, un error en una licitación se paga con el activo más valioso: el prestigio.
En el mercado de las contrataciones públicas, la diferencia entre la rentabilidad y una crisis legal destructiva reside en la capacidad de anticipación. Lo que para muchos es solo un conflicto administrativo, para una visión experta representa una falla crítica en el blindaje preventivo del contrato. Una asesoría especializada en arbitraje y contratación no es un costo opcional, sino la protección indispensable de la imagen comercial de cualquier postor. El Estado también pierde cuando procesos mal gestionados derivan en demandas millonarias por daños y perjuicios, afectando la eficiencia de la inversión pública. La judicialización de estos casos es el síntoma de una gestión reactiva que ignora la complejidad técnica y los riesgos de la normativa vigente.
El escenario actual no admite improvisaciones si se busca seguridad jurídica. Solo las corporaciones que incorporen consultoría legal de alto nivel desde la fase de selección lograrán evitar contingencias que comprometan su viabilidad y estabilidad financiera. Contar con un experto en arbitraje y contrataciones es hoy la única estrategia válida para navegar la relación con el Estado sin poner en riesgo el patrimonio ni el nombre de la empresa.
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