Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la proliferación de cursos sobre la nueva Ley de Contrataciones y la certificación OSCE confirma que estamos ante un cambio de paradigma que exige mucho más que un simple conocimiento teórico. La capacitación masiva es el primer paso, pero la gestión estratégica de la inversión pública demanda una sofisticación legal que solo la experiencia en el terreno puede ofrecer.
En el contexto actual, las empresas que buscan adjudicarse proyectos de gran envergadura no pueden permitirse errores de interpretación normativa que terminen en procesos de arbitraje costosos y desgastantes. El valor real de un experto no reside únicamente en conocer la norma, sino en anticipar los riesgos contractuales y estructurar defensas sólidas desde la etapa de selección. Para las entidades del Estado, contar con asesoría externa especializada garantiza que la discrecionalidad administrativa no se traduzca en paralizaciones, asegurando la viabilidad técnica y jurídica de cada sol invertido.
Mi predicción es clara: ante la complejidad de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y el rol crítico de las Juntas de Resolución de Disputas (JPRD), solo aquellas organizaciones que integren consultoría experta de alto nivel desde la fase de planificación lograrán blindar sus operaciones. La improvisación en esta materia representa un riesgo financiero y legal que ninguna empresa o entidad pública debe correr en el escenario peruano actual.
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