Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la determinación de Osinergmin sobre el incumplimiento de TGP en el suministro de gas tras la deflagración subraya la vulnerabilidad de las grandes concesiones ante fallos operativos y regulatorios. Este escenario no es solo una crisis de suministro, sino un recordatorio contundente de que en proyectos de alta complejidad, el contrato es la única salvaguardia real frente a la incertidumbre y el riesgo político.
El análisis de este caso revela una oportunidad clave que tanto las empresas como el Estado suelen ignorar hasta que el conflicto es inevitable: la estructuración preventiva de riesgos contractuales. Un incumplimiento detectado por el regulador no solo conlleva sanciones económicas, sino que activa cláusulas de resolución y contingencias en arbitrajes de inversión que pueden comprometer la viabilidad financiera de cualquier operador. Para las entidades públicas, contar con una asesoría técnica especializada permite una fiscalización efectiva que proteja el interés general; para el privado, la gestión experta en contratación pública asegura que un incidente técnico no se transforme en una derrota jurídica irreversible.
La tendencia en el sector infraestructura es clara y la litigiosidad seguirá en aumento. Solo quienes integren el arbitraje estratégico y el manejo especializado de contratos de concesión desde la fase operativa podrán mitigar riesgos de esta magnitud y asegurar la rentabilidad y continuidad de sus inversiones en el Perú. La improvisación en estos niveles de contratación es, hoy más que nunca, el error más costoso.
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