¿Cómo asegura la Junta de Prevención y Resolución de Disputas la continuidad de las obras públicas bajo el nuevo marco legal?
La Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) se consolida como el mecanismo técnico de acompañamiento por excelencia en la ejecución de obras de gran envergadura. A diferencia de los métodos tradicionales de solución de controversias que intervienen de forma reactiva, la JRD actúa en tiempo real, brindando soporte técnico y preventivo para evitar que las discrepancias contractuales deriven en la paralización de proyectos críticos. Su naturaleza es eminentemente técnica y operativa, buscando soluciones eficientes que prioricen la culminación de la infraestructura sobre el litigio prolongado, garantizando que el flujo de trabajo no se detenga ante discrepancias de interpretación contractual.
Conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, y el desarrollo normativo contenido en el Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, la JRD posee facultades vinculantes para resolver controversias surgidas durante la ejecución de la obra. El nuevo marco legal refuerza su obligatoriedad para contratos de obra que superen los umbrales establecidos, otorgando a sus decisiones un carácter de cumplimiento inmediato. Esta estructura normativa busca reducir la carga de procesos arbitrales posteriores, permitiendo que solo las controversias no resueltas o con reserva de derecho sean elevadas a un tribunal arbitral tras la recepción de la obra.
En el Estudio Bonnett recomendamos a las entidades y empresas contratistas integrar la JRD desde la etapa temprana de la ejecución contractual, viéndola como una herramienta de gestión de riesgos y no solo como un tribunal de instancia. Es vital asegurar que los miembros designados posean no solo solvencia técnica, sino también un profundo conocimiento de la Ley 32069 para que sus recomendaciones y decisiones doten de seguridad jurídica a la ejecución del gasto público, minimizando contingencias por adicionales o ampliaciones de plazo mal gestionadas.
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