Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: El decreto del bono de S/ 100 y el desembolso de S/ 55 millones son apenas la punta del iceberg de la gestión presupuestal; la verdadera batalla se libra en la correcta ejecución de los contratos públicos.
Cuando el Estado realiza movimientos financieros tan visibles, la presión sobre la ejecución de proyectos y la justificación del gasto se intensifica. Para las empresas proveedoras, esto no es solo un tema de cobro, sino de blindaje legal frente a controversias posteriores. Una sólida estrategia de Contratación Pública y la previsión arbitral no son un lujo, sino el único camino para garantizar que la inversión (pública o privada) no termine paralizada o, peor aún, revertida por defectos de procedimiento.
Mi predicción es clara: A mayor liquidez estatal, mayor será la fiscalización de los grandes proyectos. Las entidades y las empresas que no inviertan ahora en la optimización de sus pliegos contractuales y su defensa arbitral enfrentarán un costo exponencialmente mayor cuando el conflicto sea inminente.
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