¿Conoce el impacto preventivo de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas bajo el nuevo marco normativo de las contrataciones públicas?
La Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) se consolida como un mecanismo de acompañamiento técnico y preventivo fundamental para garantizar la continuidad de las inversiones públicas en el país. A diferencia de los métodos tradicionales de solución de controversias que suelen actuar de manera reactiva, la JRD interviene en tiempo real durante la ejecución de la obra, permitiendo que las discrepancias técnicas o contractuales no se traduzcan en paralizaciones prolongadas que afecten la rentabilidad social y financiera de los proyectos. Su enfoque primordial es la prevención, actuando como un facilitador experto que asiste a las partes en la búsqueda de soluciones técnicas eficientes antes de que estas escalen a un conflicto jurídico de mayor magnitud.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la JRD es obligatoria para contratos de obra cuyos montos superen los umbrales determinados en la normativa, manteniendo su competencia desde el inicio de la ejecución hasta la recepción total de la obra. Por su parte, el artículo 203 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, desarrolla las facultades consultivas y decisorias de este órgano, precisando que sus decisiones son de cumplimiento obligatorio e inmediato para las partes, sin perjuicio del derecho de someter la controversia a un arbitraje posterior. Esta arquitectura legal busca dotar de celeridad a la gestión contractual, priorizando la culminación de la infraestructura por encima de la litigiosidad.
En el Estudio Bonnett recomendamos que, desde la etapa de perfeccionamiento del contrato, tanto entidades como contratistas realicen una selección rigurosa de los miembros de la JRD, priorizando perfiles con alta especialización técnica y solvencia moral. Una integración adecuada de la Junta no solo garantiza decisiones técnicas sólidas y debidamente motivadas, sino que reduce significativamente la incertidumbre jurídica y el riesgo de contingencias económicas derivadas de un arbitraje innecesario, asegurando así el éxito operativo del proyecto.
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