Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: El BID revela que hasta el 45% de las obras públicas en el Perú están paralizadas, una cifra alarmante que demuestra que el problema no es presupuestal, sino de deficiente gestión de riesgos y nula resolución técnica de controversias.
Esta parálisis sistémica representa, paradójicamente, una oportunidad crítica para quienes entienden que la eficiencia contractual nace de una asesoría preventiva y altamente especializada. Para el contratista, una obra detenida es una pérdida de rentabilidad insostenible; para el Estado, es un pasivo político y social estancado. La clave para destrabar estos proyectos no reside en esperar reformas legislativas lentas, sino en la aplicación inmediata de estrategias de arbitraje eficaces y una administración de contratos blindada legalmente. El acompañamiento experto permite identificar vicios en el expediente técnico o deficiencias en la ejecución antes de que deriven en una paralización, transformando un conflicto inminente en un acuerdo viable o en una defensa sólida ante tribunales arbitrales.
La continuidad operativa y financiera de las inversiones públicas en el Perú dependerá exclusivamente de la capacidad de los actores para integrar especialistas en contratación pública y arbitraje desde la etapa de licitación. Preveo que solo las empresas que prioricen la seguridad jurídica técnica lograrán culminar sus proyectos sin contingencias fatales. Contar con una estrategia legal robusta es hoy la única garantía para proteger el capital y asegurar el éxito del proyecto en un entorno de alta incertidumbre administrativa.
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