Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la precariedad laboral en una obra pública en Mariano Melgar evidencia un riesgo sistémico que trasciende la seguridad física; es la antesala de paralizaciones y arbitrajes costosos que destruyen el valor de la inversión pública.
Una imagen de un obrero sin protección no es solo una falta administrativa, sino el síntoma de una gestión contractual deficiente. Bajo la normativa de contrataciones del Estado, estas omisiones activan penalidades máximas y resoluciones de contrato que, invariablemente, terminan en procesos arbitrales complejos y onerosos. Para el contratista, la asesoría experta no es un accesorio, es un blindaje financiero ante responsabilidades civiles y penales. Para las entidades, contar con especialistas asegura que la supervisión sea efectiva, evitando el perjuicio económico derivado de obras paralizadas. La verdadera eficiencia económica se logra cuando se gestionan los riesgos legales desde la fase de ejecución, transformando el cumplimiento normativo en un activo estratégico que garantiza la rentabilidad y la paz jurídica del proyecto.
El éxito de la infraestructura en el Perú depende de la sofisticación legal en la ejecución. Mi predicción es clara: solo las empresas y entidades que incorporen expertos en gestión contractual y arbitraje preventivo desde el primer día lograrán blindar sus inversiones frente a la incertidumbre; la contratación de especialistas en la materia es la única garantía real para asegurar la continuidad de la obra y evitar el colapso financiero por contingencias legales evitables.
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