¿Cómo impacta la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) en la mitigación de riesgos durante la ejecución de obras bajo el nuevo marco legal?
La gestión de proyectos de infraestructura pública en el Perú demanda mecanismos de solución de controversias que no solo brinden seguridad jurídica, sino que prioricen la continuidad de la obra. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) se consolida como un órgano técnico especializado y permanente que acompaña a las partes desde el inicio de la ejecución hasta la recepción de la prestación. Su función principal trasciende la mera resolución de conflictos, enfocándose en la prevención de desavenencias mediante un acompañamiento proactivo que evita la paralización de los proyectos por discrepancias técnicas o contractuales que suelen surgir en campo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069), la JRD es un mecanismo obligatorio para los contratos de obra que superen los montos previstos en la normativa, permitiendo que las decisiones emitidas sean de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes. Asimismo, el Reglamento de la Ley N° 32069, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, desarrolla la operatividad de este colegiado, otorgándole facultades para realizar visitas periódicas a la obra y emitir recomendaciones o decisiones vinculantes. Este marco normativo refuerza la naturaleza técnica de la JRD, asegurando que las controversias se resuelvan en tiempo real sin detener la ruta crítica del proyecto.
En el Estudio Bonnett recomendamos realizar una selección estratégica y técnica de los miembros de la Junta desde la fase de perfeccionamiento del contrato. Es fundamental que el panel posea no solo solvencia en ingeniería o arquitectura, sino también un manejo experto de la Ley N° 32069 y su Reglamento para garantizar que sus decisiones soporten un eventual arbitraje posterior. Una gestión preventiva eficiente reduce significativamente los costos transaccionales y asegura el cumplimiento de las metas físicas de la entidad.
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