Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la ratificación del contrato del Lote VI tras reiterados retrasos demuestra que la falta de definiciones técnicas y legales en la contratación pública cuesta millones al país. La provisionalidad no es una estrategia, es una vulnerabilidad que afecta la productividad y genera conflictos laborales y operativos totalmente evitables.
Como experto en la materia, observo que el escenario actual exige una reingeniería en la forma en que el Estado gestiona sus activos críticos. No basta con adjudicar; se requiere una estructuración contractual blindada que minimice el riesgo de arbitrajes prolongados y asegure la continuidad operativa bajo estándares internacionales. Las empresas y entidades públicas que ignoran la necesidad de un asesoramiento preventivo en licitaciones complejas terminan atrapadas en procesos ineficientes que diluyen el retorno de inversión y comprometen la seguridad jurídica del sector hidrocarburos.
Esta ratificación llega tras un desgaste innecesario, confirmando que en contratos de gran envergadura, el costo de la improvisación supera siempre al de la consultoría especializada. La única forma de garantizar rentabilidad y paz social en la inversión pública es integrando desde el primer día una defensa legal estratégica que domine tanto la normativa administrativa como los mecanismos de arbitraje. Quien pretenda navegar estos procesos sin un experto a su lado, asume un riesgo patrimonial que tarde o temprano pasará factura.
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