Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la Contraloría detectó deficiencias críticas en la obra de alcantarillado de Moyobamba, un escenario que refleja la recurrente falta de previsión en la ejecución de infraestructura pública regional.
Este tipo de hallazgos suelen derivar en resoluciones de contrato, penalidades o paralizaciones que golpean directamente la rentabilidad de las empresas y la continuidad de los servicios para el Estado. Sin embargo, detrás de cada observación de control existe una oportunidad estratégica para reestructurar la defensa legal y técnica. La contratación pública moderna demanda una visión donde el arbitraje no sea solo un mecanismo de solución de conflictos, sino una herramienta preventiva de equilibrio económico. Para el contratista, contar con un soporte especializado permite anticiparse a las acciones de la Contraloría y blindar el proyecto; para la entidad pública, asegura que la inversión se traduzca en obras funcionales sin vicios legales.
La supervisión de los órganos de control es solo la punta del iceberg de una gestión de riesgos deficiente. Mi convicción técnica es que la litigiosidad en infraestructura seguirá escalando en los próximos meses, y solo aquellos que aseguren una asesoría experta en contratación pública y arbitraje desde la etapa de ejecución lograrán navegar estas crisis con éxito, evitando sobrecostos y protegiendo sus intereses económicos ante cualquier tribunal o junta de resolución de disputas.
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