Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la propuesta de elevar impuestos a la gran minería para financiar obras de 24 mil millones de soles es un síntoma de la desconexión entre la política y la técnica contractual. La inversión pública no se garantiza con presión fiscal, sino con seguridad jurídica y contratos blindados.
Proponer esquemas de financiamiento basados en el incremento de carga tributaria a empresas como Chinalco pone en riesgo la estabilidad de los convenios de inversión y la predictibilidad del mercado. El reto real no es solo obtener el fondo, sino gestionar la ejecución de proyectos de tal complejidad técnica y financiera. Para el Estado y las empresas, la verdadera oportunidad reside en la estructuración preventiva y la identificación temprana de riesgos contractuales. Una obra de esta magnitud exige una arquitectura legal que resista la variabilidad política y administrativa de nuestro país.
El éxito de estas megainversiones solo será posible si se cuenta con una asesoría experta en contratación pública que asegure la viabilidad del proyecto desde su licitación hasta su liquidación. Mi predicción es clara: sin un acompañamiento especializado en materia de arbitraje y derecho administrativo para prevenir controversias, cualquier intento de megaobra bajo estas premisas terminará en una parálisis judicial o arbitral indefinida. La participación de consultores expertos en la materia es la única garantía para evitar que el presupuesto nacional se diluya en procesos legales por una deficiente gestión contractual.
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