Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el MEF y los gobiernos locales han pactado el destrabe de proyectos con asfixia financiera, una señal clara de que la prioridad nacional es el cierre de brechas mediante la culminación de obras paralizadas. Este escenario representa una oportunidad crítica para las empresas privadas y el Estado, pero también un campo minado de riesgos contractuales que solo una gestión técnica y legal de alto nivel puede sortear con éxito.
La inyección de recursos en proyectos con problemas financieros exige mucho más que voluntad política; demanda un reequilibrio económico-financiero riguroso y una estrategia de ejecución que blinde a las partes frente a futuros hallazgos de control. La reactivación de estos proyectos solo será sostenible si se gestionan adecuadamente los adicionales, las ampliaciones de plazo y los riesgos de resolución. Para los contratistas, este es el momento de asegurar que cada sol invertido esté respaldado por un sustento jurídico sólido que resista cualquier proceso de arbitraje o fiscalización posterior.
La viabilidad real de estas obras depende de un acompañamiento especializado que transforme el flujo de caja en entrega eficiente de infraestructura. La improvisación en la gestión de contratos es el camino más directo a la paralización recurrente y al perjuicio económico. La participación de expertos en contratación pública y arbitraje es la única garantía para convertir estos compromisos presupuestales en activos tangibles y seguros, protegiendo tanto la rentabilidad de las empresas como la inversión del Estado peruano.
#ContrataciónPública #Arbitraje #Licitaciones #Perú #EstudioBonnett #InversiónPública #Abogado
Fuente Original: Leer noticia completa aquí