Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: El Perú inicia su transición hacia los combustibles de aviación sostenibles (SAF), un paso ambicioso que, sin embargo, ya evidencia barreras críticas por falta de acreditación técnica en proyectos clave. El futuro energético del país no admite improvisaciones contractuales ni debilidades en la postulación.
Esta apuesta por el combustible verde abre un mercado de gran escala en infraestructura y suministros, pero también expone la fragilidad de las empresas ante las rigurosas exigencias de la normativa de contrataciones del Estado. No basta con poseer la tecnología; el éxito real reside en una estructuración legal preventiva que garantice el cumplimiento estricto de los requisitos de calificación y solvencia. Nos encontramos ante una oportunidad sin precedentes para el sector privado y público, siempre que la gestión de riesgos se aborde desde el diseño mismo de la oferta. La complejidad técnica de estos nuevos contratos exige una visión arbitral anticipada, blindando cada etapa para evitar que las controversias paralicen la inversión.
La transición energética fracasará si no se acompaña de una estrategia legal robusta. Quienes busquen liderar este mercado deben entender que la adjudicación se decide en la precisión de la propuesta y en la capacidad de prever conflictos mediante mecanismos de resolución de disputas diseñados por especialistas. Mi predicción es clara: solo las empresas y entidades que integren asesoría experta en contratación pública y arbitraje desde la etapa de planificación lograrán capitalizar esta transformación sin enfrentar costosos reveses contractuales o paralizaciones innecesarias.
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