Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: La posible interpelación a los titulares del MEF y MTC tras la resolución del contrato con la PMO Vías por la Nueva Carretera Central evidencia que los acuerdos de Gobierno a Gobierno no son blindajes infalibles contra la parálisis administrativa. El riesgo de un megaproyecto de esta envergadura no se gestiona con buena voluntad política, sino con una ingeniería jurídica de alta especialización.
Desde mi perspectiva técnica, el escenario actual abre una ventana crítica donde la prevención es la única rentabilidad real. La resolución de un contrato G2G implica contingencias legales de escala internacional que pueden derivar en arbitrajes complejos y onerosos para el Estado, afectando directamente la confianza del inversor privado. Lo que muchos ven como una crisis política, yo lo analizo como una falla en la gestión de riesgos contractuales. Contratar servicios expertos en derecho administrativo y arbitraje no es un gasto accesorio, es la garantía de que la ejecución de la obra no naufrague ante la primera discrepancia técnica o financiera. La sofisticación de estos proyectos exige que tanto empresas como entidades cuenten con un acompañamiento legal que anticipe el conflicto antes de que este paralice la maquinaria.
La predictibilidad de la inversión pública en el Perú depende de nuestra capacidad para blindar legalmente cada etapa del proceso. Mi visión es contundente: solo mediante una asesoría experta en contratación pública y arbitraje se podrá transformar esta incertidumbre en una ventaja competitiva que asegure la continuidad de las obras. La improvisación jurídica en megaproyectos siempre termina en el tribunal arbitral; la asesoría especializada es la única ruta para evitarlo.
#ContrataciónPública #Arbitraje #Licitaciones #Perú #EstudioBonnett #InversiónPública #Abogado
Fuente Original: Leer noticia completa aquí