Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: El Congreso interpelará a los ministros del MTC y MEF por el retraso en obras estratégicas, un escenario que confirma que la eficiencia técnica es nula sin una estructura legal sólida que la soporte.
Este clima de fiscalización política sobre la gestión pública genera una parálisis administrativa que afecta directamente la rentabilidad de las empresas y el cumplimiento de metas del Estado. Sin embargo, donde muchos ven crisis, el inversor inteligente identifica la necesidad de un blindaje jurídico de alto nivel. El verdadero desafío en la ejecución de infraestructura no es la falta de presupuesto, sino la deficiente gestión contractual y la ausencia de mecanismos preventivos de resolución de disputas. Contar con asesoría experta en contratación pública permite anticipar los cuellos de botella burocráticos y proteger el equilibrio económico-financiero de los contratos frente a la inestabilidad del entorno.
La especialización en arbitraje e inversiones no es un gasto, es el seguro de vida de un proyecto. Un diseño contractual riguroso y una gestión de riesgos proactiva son las únicas herramientas que permiten a las empresas y entidades navegar con éxito ante las presiones del Congreso. Es imperativo entender que la legalidad técnica es el único refugio sólido ante la incertidumbre política actual.
Mi predicción es que el endurecimiento de la fiscalización dejará fuera del mercado a quienes no cuenten con una estrategia legal de alta especialidad. La única forma de garantizar la continuidad de la inversión y evitar procesos sancionadores es integrando expertos en derecho administrativo y arbitral desde la licitación hasta la liquidación de la obra.
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