Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el MEF implementa medidas para destrabar más de 12,000 obras paralizadas, una cifra que evidencia la crisis de gestión, pero también una ventana comercial sin precedentes. Reactivar estos proyectos requiere mucho más que voluntad política; demanda una cirugía legal precisa para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad.
Para las empresas constructoras y las entidades estatales, este escenario representa el momento ideal para sanear carteras de inversión. No obstante, el riesgo de heredar vicios técnicos y legales de gestiones previas es altísimo. La ventaja competitiva real estará en manos de quienes logren estructurar liquidaciones impecables y nuevas adendas bajo marcos normativos sólidos. Solo una visión experta en contratación pública puede anticipar los nudos críticos que suelen derivar en arbitrajes evitables, asegurando que el flujo de caja de los proyectos no se detenga por controversias mal resueltas o falta de estrategia procesal.
El éxito en la ejecución de estas 12,000 obras dependerá exclusivamente del rigor legal con el que se retomen. Aquellas organizaciones que no aseguren asesoría especializada en esta fase de transición enfrentarán contingencias judiciales que anularán cualquier beneficio económico esperado; la contratación de expertos en arbitraje y gestión de contratos estatales es hoy la única inversión capaz de garantizar la viabilidad de la infraestructura nacional.
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