Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el tránsito crítico del diseño a la ejecución de obras sigue siendo el principal cuello de botella de la inversión pública en el Perú. La planificación sin una gestión de riesgos contractuales robusta es simplemente una declaración de buenas intenciones condenada al arbitraje ineficiente o a la paralización de proyectos.
En mi experiencia, el valor estratégico de un experto en contratación pública no reside en el simple cumplimiento del trámite, sino en blindar la viabilidad económica del proyecto desde su génesis. Hoy, tanto las empresas como el Estado enfrentan un escenario donde la falta de seguimiento técnico-legal especializado asfixia inversiones vitales, como la infraestructura digital mencionada por la SNCI. Contratar una asesoría de alto nivel permite anticipar controversias, equilibrar las prestaciones y, sobre todo, transformar un contrato de papel en una obra liquidada con éxito. No se trata solo de ganar una licitación; se trata de gestionar la complejidad normativa para asegurar que los flujos de inversión no se detengan por interpretaciones erróneas o deficiencias en los expedientes.
La predictibilidad jurídica y el manejo preventivo de disputas son las únicas herramientas reales para destrabar la cartera de proyectos nacional en este contexto de incertidumbre. El éxito de la inversión en el Perú dependerá exclusivamente de contar con estrategas legales que dominen la técnica del arbitraje y el derecho administrativo, garantizando que cada recurso se traduzca en progreso tangible y no en un litigio interminable que perjudique a ambas partes.
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