¿Conoce cómo la Junta de Prevención y Resolución de Disputas garantiza la continuidad de sus proyectos de infraestructura bajo el nuevo marco legal?
La ejecución de obras públicas suele enfrentar controversias técnicas y legales que, de no gestionarse oportunamente, derivan en paralizaciones costosas para el Estado y el contratista. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) se consolida como un mecanismo de acompañamiento permanente cuya finalidad primordial no es solo resolver conflictos ya declarados, sino prevenirlos mediante decisiones vinculantes emitidas en tiempo real. Este enfoque preventivo busca asegurar que la obra no se detenga por discrepancias interpretativas, técnicas o financieras, permitiendo una gestión contractual eficiente y orientada al cumplimiento de metas.
Bajo la estructura de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la JRD es el medio obligatorio de solución de controversias para contratos de obra que superen los montos establecidos por la normativa. Según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 32069, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, este colegiado interviene desde el inicio de la ejecución hasta la recepción de la obra. Su competencia abarca discrepancias sobre valorizaciones, ampliaciones de plazo y otras incidencias contractuales, permitiendo que las partes mantengan la fluidez operativa. Cabe precisar que sus decisiones son de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de que puedan ser sometidas a arbitraje tras la culminación de la obra.
En el Estudio Bonnett recomendamos realizar un seguimiento riguroso a las comunicaciones y actas generadas durante las visitas de la JRD, asegurando que los argumentos técnicos y legales presentados ante los miembros del panel guarden coherencia estricta con el expediente técnico y la normativa vigente. Una participación estratégica ante la Junta permite mitigar riesgos de sanciones y evitar la acumulación de contingencias que podrían comprometer la liquidación final del proyecto.
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