¿Sabe cómo la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) asegura la continuidad de las obras públicas bajo el nuevo marco legal?
En el desarrollo de infraestructuras críticas, las controversias técnicas y contractuales suelen derivar en paralizaciones que afectan tanto la inversión pública como la rentabilidad del contratista. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas surge como un mecanismo de acompañamiento permanente y preventivo, diseñado para resolver discrepancias en tiempo real durante la ejecución de la obra. Su función no se limita a la decisión sobre conflictos ya declarados, sino que se extiende a la identificación temprana de riesgos que podrían comprometer los plazos y la calidad del proyecto, garantizando que la ejecución no se detenga por discrepancias interpretativas.
Este mecanismo encuentra su base legal en el artículo 81 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la cual establece la obligatoriedad de la JRD para contratos de obra que superen los montos definidos en la normativa. Asimismo, el artículo 219 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2025-EF, detalla las competencias de este órgano colegiado, precisando que sus decisiones son de cumplimiento obligatorio e inmediato para las partes, sin perjuicio de su derecho a someter la controversia a un arbitraje posterior una vez culminada la obra. Esta estructura normativa busca desjudicializar la ejecución contractual y priorizar la culminación de la infraestructura.
En el Estudio Bonnett recomendamos realizar una selección rigurosa de los miembros de la Junta desde el inicio de la relación contractual, verificando no solo su solvencia técnica, sino también su experiencia en gestión de riesgos contractuales. Una interacción proactiva y transparente con la JRD permite documentar adecuadamente los eventos de obra y obtener pronunciamientos técnicos que brinden seguridad jurídica a los funcionarios y ejecutores, evitando contingencias legales futuras y asegurando la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Para asesoría especializada, contáctanos al WhatsApp 980670384 o francisco.bonnett@estudiobonnett.com con atención al Dr. Francisco Bonnett.
#EstudioBonnett #Ley32069 #Arbitraje #Perú #ContrataciónPública #FranciscoBonnett #Consultor #Abogado #DerechoAdministrativo