Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la decisión conjunta entre Perú y Francia para relevar la gestión de la autopista andina tras la salida del anterior operador demuestra que ni los modelos G2G son inmunes a las crisis de ejecución.
La transición de una gerencia de proyecto en una obra de esta envergadura abre un flanco de riesgos legales que pocos advierten. No se trata simplemente de un cambio de nombres, sino de una compleja liquidación contractual y la reconfiguración de responsabilidades que pueden derivar en arbitrajes millonarios si no se gestionan con precisión quirúrgica. Para el Estado Peruano, la prioridad debe ser el blindaje jurídico de los nuevos actos administrativos; para las empresas, la clave está en identificar las contingencias ocultas en el historial de la obra antes de asumir compromisos financieros y operativos.
La experiencia me permite afirmar que la viabilidad de estos megaproyectos depende exclusivamente de una estructuración técnica preventiva. Mi predicción es que aquellas organizaciones que no integren especialistas en contratación pública y arbitraje desde la fase de selección enfrentarán sobrecostos inevitables y paralizaciones judiciales. La seguridad jurídica en el Perú no es un beneficio automático del contrato, es el resultado de una estrategia legal experta diseñada para anticipar el conflicto y proteger la rentabilidad de la inversión pública.
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