Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el Estado asume el financiamiento total para la liberación de predios del Anillo Vial Periférico tras resolver el contrato con la PMO francesa; un giro estratégico que redefine la gestión de riesgos en la infraestructura nacional.
La resolución de contratos con gestores internacionales y la aceleración en la liberación de áreas abren un escenario donde la seguridad jurídica es el único activo real. Para las empresas concesionarias y el propio Estado, este cambio de rumbo no debe verse como un simple trámite administrativo, sino como un desafío contractual crítico. La gestión de expropiaciones y la reconfiguración del modelo de ejecución exigen una interpretación milimétrica de la normativa de APP y Contratación Pública para evitar que el respaldo presupuestal del MEF se diluya en controversias interminables por demoras en las entregas de terreno.
Contar con asesoría especializada en esta etapa es la única forma de blindar la inversión y garantizar el equilibrio económico-financiero del contrato. La complejidad técnica de este megaproyecto no admite improvisaciones legales. Solo mediante un diseño preventivo de gestión de riesgos y un manejo experto del sistema de adquisiciones se podrá navegar con éxito en un entorno donde cualquier error en la liberación de predios se traduce en millonarias indemnizaciones.
El éxito del Anillo Vial Periférico no dependerá de la disponibilidad de fondos, sino de la capacidad técnica para gestionar las contingencias legales en tiempo real. La contratación de expertos en materia de contratación pública y arbitraje es la inversión más rentable para asegurar que el proyecto avance sin las parálisis que históricamente han afectado la gran infraestructura en el Perú.
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