**Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia:** La Ministra de Economía responsabiliza a la inestabilidad política por la incapacidad de superar el 5% de crecimiento. Esto es más que una limitación macro; es una alerta directa sobre la fragilidad contractual y el incremento del riesgo legal en las contrataciones del Estado.
El entorno político volátil no frena la inversión pública, pero sí la hace exponencialmente más compleja y litigiosa. Para las empresas que contratan con el Estado, esta inestabilidad no es una excusa, sino el imperativo estratégico de blindar sus inversiones. En un contexto donde las entidades públicas cambian constantemente de funcionarios y prioridades, la diferencia entre una ejecución exitosa y un conflicto costoso radica en la solidez técnica de la adjudicación y la implementación de una estrategia preventiva de manejo de controversias. La mayor rentabilidad hoy no está solo en la eficiencia operativa, sino en la gestión impecable del cumplimiento normativo y la protección arbitral.
La inestabilidad política siempre se traduce en inseguridad jurídica. Las entidades y empresas que deseen maximizar su potencial de crecimiento, incluso en este panorama volátil, deben priorizar la consultoría legal experta desde la fase precontractual. La única forma de garantizar la ejecución fluida y la recuperación total de las inversiones en grandes proyectos es la gestión proactiva y especializada del riesgo arbitral.
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