Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: El reciente anuncio de OIG Perú sobre más de US$ 12 millones en mejoras en el Lote X, amparado en un contrato de licencia de 2024, pone de relieve la imperiosa necesidad de una gestión contractual blindada.
En proyectos de esta magnitud, especialmente aquellos que involucran grandes inversiones privadas bajo contratos estatales de licencia o concesión, la estructuración legal de las *modificaciones* contractuales es el verdadero punto crítico. La diferencia entre una ejecución fluida y un arbitraje costoso no reside en la intención de la inversión, sino en la calidad del marco legal que la soporta.
No es suficiente la voluntad de inyectar US$ 12 millones; la certeza de recuperar ese capital, asegurando el equilibrio económico del contrato y evitando futuros reclamos, depende enteramente de la precisión con la que se elabore la adenda y se manejen los riesgos de la Contratación Pública. Este es el momento donde la asesoría experta no es un gasto, sino una inversión preventiva fundamental tanto para la empresa, que asegura su recuperabilidad, como para la entidad pública, que previene litigios.
Mi predicción es clara: Aquellos proyectos que subestiman la complejidad de estas modificaciones y escatiman en asesoría legal especializada terminarán irremediablemente en largos y costosos arbitrajes. La inversión en prevención legal es siempre una fracción del costo de la controversia.
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