**Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia:** El alcalde de Los Aquijes fue baleado mientras inspeccionaba una obra. La violencia que rodea la ejecución contractual en el Estado es la manifestación más grave de fallas estructurales en la prevención y gestión de controversias.
Un contrato de obra pública que carece de una estructuración legal sólida o cuyas controversias no son gestionadas oportunamente a través de un arbitraje técnico especializado, se convierte en un riesgo que excede lo financiero y lo legal, escalando a lo operacional y la seguridad.
La prevención no es un costo, sino la única salvaguarda real. Las entidades públicas y las empresas deben ver la contratación de expertos en Contratación Pública y Arbitraje como la prima de seguro más efectiva contra estos escenarios. La fiscalización debe ser contractual y legalmente irrefutable, no un acto de exposición personal del funcionario.
La priorización del arbitraje como mecanismo resolutivo rápido y técnico elimina el incentivo a buscar soluciones extralegales. Mientras no se institucionalice la prevención legal y la resolución especializada de controversias, los riesgos seguirán contaminando la ejecución. La seguridad de la inversión pública y privada en Perú exige excelencia legal preventiva.
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