Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: La solicitud de la Municipalidad de La Molina de suspender las obras en la Av. Javier Prado y reabrir la vía inmediatamente es un claro ejemplo de la fragilidad jurídica en la gestión de grandes proyectos viales en el Perú.
Estos conflictos administrativos no son inevitables; son el resultado directo de cláusulas ambiguas o de una gestión contractual reactiva. Para las entidades públicas, un diseño contractual sólido desde la fase de licitación blinda el proyecto ante controversias locales, asegurando la continuidad de la inversión y evitando costos por demoras. Para la empresa ejecutora, la anticipación estratégica en la activación de mecanismos de solución de controversias, incluso antes de la paralización formal, convierte una crisis de cumplimiento en una ventaja procesal y económica frente al Estado.
Las demoras en la inversión pública resultantes de estas fricciones son costos hundidos inaceptables para el país. Quienes inviertan preventivamente en asesoría experta en Contratación Pública y Arbitraje, mitigando riesgos desde la fase de planeamiento y ejecución, serán los únicos que lograrán ejecutar y cobrar sus obras en el Perú sin dilaciones mayores y garantizando la defensa de sus derechos e intereses.
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