Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: La paralización de un viaducto crucial por falta de financiamiento es el recordatorio más costoso de que la ingeniería financiera y contractual debe preceder a la ingeniería civil.
Estos casos, que lamentablemente vemos con frecuencia en el Perú, no son solo problemas de gestión, sino fallas estructurales en la planificación legal y presupuestaria de la contratación pública. El riesgo financiero que enfrenta el Estado o la empresa contratista en este momento se debe, en gran medida, a la ausencia de mecanismos de aseguramiento de pagos y estructuración de riesgos bien definidos desde la fase de convocatoria.
Para las empresas, esperar la controversia es un error estratégico. Un experto en Arbitraje y Contratación Pública no solo interviene cuando la obra está paralizada, sino que su valor reside en blindar la ejecución del contrato, garantizando que las adendas o las suspensiones se realicen bajo un marco que minimice el perjuicio económico. La mitigación proactiva del riesgo legal es la inversión más rentable en cualquier megaproyecto.
Mi análisis es claro: la inacción temprana en materia contractual se traduce inevitablemente en arbitrajes lentos y costosos. Contratar una defensa y estructuración legal sólida es la única garantía real para que las inversiones del Estado y las empresas cumplan su cometido sin caer en el vacío presupuestal o la resolución fallida.
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