Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: una obra de S/ 17 millones en Lambayeque con pavimento defectuoso que deberá ser demolido. Esto es más que un error de construcción; es el síntoma de una gestión contractual deficiente.
Mientras el debate público se centra en la calidad del material, el verdadero análisis está en el contrato. La admisión de la contratista de demoler el pavimento no es el fin del problema, sino el inicio de una compleja etapa de gestión de controversias. Se deben cuantificar los sobrecostos, plazos y responsabilidades contractuales, un escenario donde la improvisación sale muy cara.
Tanto para la Entidad Pública como para la empresa, este es el momento donde una estrategia legal sólida define si se mitigan las pérdidas o se entra en un espiral de arbitrajes prolongados y costosos. Una correcta activación de los mecanismos de resolución de disputas, como la JRD o el arbitraje, puede reconducir la situación hacia una solución eficiente y económicamente viable para ambas partes.
La asesoría experta y preventiva en contratación pública no es un gasto, es la inversión más rentable para garantizar la viabilidad de un proyecto. Anticipar y gestionar los riesgos contractuales es la única vía para evitar que el capital se convierta en escombros.
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