Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: El Perú avanza con proyectos mineros clave como Pampa de Pongo, una inversión pública récord y un nuevo acuerdo con Hong Kong. Detrás de estas cifras alentadoras se esconde un campo minado de complejidades contractuales y regulatorias.
Este torrente de inversión pública, si bien es vital para el desarrollo, saturará la capacidad de gestión de las entidades y empresas. Veremos un incremento exponencial en las controversias durante la ejecución y liquidación de contratos, donde la falta de una estrategia legal sólida desde el inicio puede costar millones tanto al Estado como al privado.
Paralelamente, la llegada de capitales internacionales, amparados por nuevos acuerdos, exige un dominio no solo de la normativa local de contratación, sino también de los tratados de inversión y sus mecanismos de arbitraje. Un error en la etapa precontractual o una deficiente gestión de riesgos durante el proyecto puede tener repercusiones a nivel internacional, comprometiendo la inversión y la reputación.
Mi predicción es clara: en los próximos 18 meses, solo prosperarán los proyectos y empresas —públicas y privadas— que hayan invertido en una asesoría especializada desde la fase de licitación. La prevención de disputas a través de una correcta estructuración contractual no es un costo, es la única garantía de viabilidad.
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