Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la extorsión armada a una constructora en plena ejecución de una obra vial en Chiclayo. Este acto criminal es solo la punta del iceberg; las verdaderas pérdidas económicas se gestan en la mala gestión contractual que le sigue.
Más allá del evidente problema de seguridad, este evento activa inmediatamente mecanismos contractuales complejos. La paralización de la obra, si no es correctamente sustentada por el contratista como una causal no atribuible, puede derivar en la aplicación de penalidades e incluso en la resolución del contrato. Para la Entidad Pública, una evaluación incorrecta de las solicitudes de ampliación de plazo o de reconocimiento de mayores gastos generales que presente la empresa, es la vía directa a una futura y costosa controversia.
El verdadero riesgo no es el día de trabajo perdido por la amenaza, sino los meses y millones de soles que pueden perderse en un arbitraje mal planteado. La improvisación legal ante estos eventos de fuerza mayor tiene un costo que ni las empresas ni el Estado deberían estar dispuestos a asumir.
Una asesoría especializada y preventiva en la gestión de estos riesgos no es un gasto, es la única garantía para que un problema de seguridad no se transforme en un arbitraje millonario que perjudique la inversión pública y el desarrollo del país.
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