Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el inminente acuerdo de inversiones con Hong Kong y el notable aumento de la inversión pública. El Estado Peruano está abriendo dos frentes de alta complejidad legal simultáneamente.
Por un lado, el tratado con Hong Kong, si bien busca atraer capital, inevitablemente expondrá al Estado a costosos arbitrajes de inversión internacionales. Cualquier cambio regulatorio o acto de una entidad pública podría ser interpretado por inversionistas asiáticos como una violación al trato justo y equitativo, activando cláusulas de solución de controversias ante tribunales como el CIADI.
En paralelo, el crecimiento de la inversión pública, aunque positivo económicamente, en nuestra realidad se traduce en una mayor conflictividad en la ejecución de obras. La deficiente formulación de expedientes técnicos y la ineficiencia en la gestión contractual son el caldo de cultivo para futuras controversias y arbitrajes locales que paralizan proyectos.
Sin un fortalecimiento inmediato y especializado de la defensa jurídica del Estado y una reforma en la gestión de proyectos, el costo de estos dos frentes superará con creces los beneficios proyectados.
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