Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: esta no es una simple irregularidad; es la crónica de una resolución de contrato anunciada y el inicio de un largo arbitraje.
Más allá del hallazgo de la Contraloría, el verdadero riesgo sistémico se encuentra en la inevitable nulidad del contrato. Una adjudicación irregular contamina el acto desde su origen, y el pago indebido no es solo una falta administrativa, sino la posible antesala de un proceso penal por colusión.
Esto no solo paraliza una obra vital para la región, sino que expone a la empresa contratista a la pérdida total de su inversión y a una inhabilitación para contratar con el Estado. El daño financiero y reputacional es incalculable, un riesgo que muchas empresas subestiman al participar en procesos con vicios evidentes.
Preveo que este caso, como muchos otros, no terminará con el informe de control. Se convertirá en un complejo arbitraje donde se discutirá no la ejecución de la obra, sino la validez misma del contrato y la devolución de los fondos públicos.
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