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La reciente postura adoptada por la federación europea de operadores de agua, EurEau, respecto a la conveniencia de unificar bajo un único régimen normativo la contratación pública del sector, pone de relieve una problemática estructural largamente debatida en el derecho administrativo y la gestión estatal: la dispersión regulatoria. La propuesta de integrar las directivas comunitarias sobre contratación en un cuerpo legislativo único evidencia cómo la fragmentación de reglas incide directamente en la eficiencia de los proyectos de infraestructura.
El impacto operativo de la fragmentación normativa
Desde la perspectiva de la contratación estatal, la coexistencia de múltiples directrices y marcos normativos sectoriales genera sobrecostos operativos significativos. Para los operadores, tanto públicos como privados, la necesidad de navegar entre regímenes diversos incrementa la carga administrativa en los procedimientos de selección y licitación. Esta complejidad no solo ralentiza la tramitación de los expedientes, sino que amplía el margen de discrecionalidad y el riesgo de incurrir en interpretaciones jurídicas divergentes.
La dispersión de criterios entre distintas autoridades o normativas aplicables a un mismo sector estratégico como el agua debilita la predictibilidad jurídica. Las entidades contratantes y los postores se enfrentan a escenarios donde los requisitos de participación, ejecución y supervisión varían artificialmente según el marco específico invocado, lo que atenta contra los principios de igualdad, transparencia y concurrencia que deben regir la contratación pública.
Seguridad jurídica y mitigación de la litigiosidad
Uno de los efectos más relevantes de contar con un marco normativo estandarizado es la reducción de la litigiosidad durante la ejecución contractual. La experiencia en la gestión de obras y servicios públicos esenciales demuestra que la claridad en las reglas de juego disminuye sustancialmente las controversias relativas a reequilibrios económicos, modificaciones contractuales y resolución de disputas.
Cuando las reglas de contratación son coherentes y predecibles, los contratistas pueden dimensionar adecuadamente los riesgos asociados a la inversión a largo plazo. Por el contrario, la fragmentación regulatoria alimenta la incertidumbre jurídica, propiciando escenarios de controversia judicial o arbitral que terminan afectando la continuidad y sostenibilidad de los proyectos de infraestructura hídrica, cuya ejecución trasciende los ciclos administrativos ordinarios.
La unificación de los regímenes de contratación pública en sectores estratégicos constituye una herramienta idónea para racionalizar la gestión estatal. La simplificación normativa no representa una desregulación, sino una técnica de depuración legislativa orientada a dotar de mayor solidez técnica y seguridad jurídica a la inversión pública y privada, elementos indispensables para el desarrollo de infraestructuras esenciales.
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