Foto de Dima Mukhin
en Unsplash.
La reciente iniciativa formativa impulsada por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) en el ámbito de la contratación pública pone de relieve una transformación ineludible en el ejercicio profesional contemporáneo. Capacitar a profesionales técnicos en los procedimientos de contratación del Estado demuestra que la excelencia en el diseño y la ejecución material de una obra ya no constituyen garantías suficientes para asegurar el éxito de un proyecto público.
El desfase entre la capacidad técnica y la gestión administrativa
En la práctica jurídica vinculada a la contratación estatal y la gestión de proyectos de infraestructura, se advierte de manera reiterada que una parte significativa de las controversias, suspensiones y retrasos operativos no surge de deficiencias en la competencia técnica de los proyectistas o constructores. Por el contrario, los mayores riesgos provienen de un desfase operativo entre dicha solvencia técnica y el dominio del marco normativo y procedimental que rige la contratación pública.
Las reglas de licitación, las exigencias de la ejecución contractual y la correcta asignación de responsabilidades exigen de los profesionales técnicos una comprensión rigurosa del derecho administrativo. El desconocimiento de estas dinámicas suele traducirse en interpretaciones erróneas de las obligaciones contractuales, lo que incrementa la vulnerabilidad tanto de la administración pública como de los contratistas frente a posibles incumplimientos y sanciones.
Implicaciones institucionales y preventivas
La integración de conocimientos jurídicos y administrativos en la formación de arquitectos e ingenieros responde a una necesidad estructural. La prevención de controversias complejas y litigios prolongados comienza desde la fase de diseño y la adecuada asunción de los riesgos inherentes a los contratos del Estado. Cuando los profesionales comprenden a fondo el alcance jurídico de sus obligaciones, disminuye la probabilidad de desajustes presupuestarios y controversias sobre adiciones o modificaciones contractuales.
Desde la perspectiva de Bonnett & Asociados, consolidar un enfoque multidisciplinario donde el rigor técnico esté respaldado por una sólida gestión contractual resulta indispensable para mitigar riesgos legales y asegurar la estabilidad de los proyectos de infraestructura pública.
Fuente original: Consultar publicación original



