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La reciente controversia internacional en torno a una herramienta basada en inteligencia artificial diseñada para supervisar y combatir la corrupción en los procesos contractuales del Estado pone de relieve un debate fundamental para el derecho administrativo contemporáneo. La automatización de funciones vinculadas a la gestión estatal y a la contratación pública plantea profundos desafíos jurídicos relativos a la trazabilidad, la transparencia y la imputación de responsabilidades dentro de la administración.
El espejismo de la neutralidad algorítmica
La adopción de tecnologías avanzadas en el ámbito de las adquisiciones públicas suele presentarse como una solución infalible frente a las prácticas de corrupción. Sin embargo, los acontecimientos recientes demuestran que la implementación de sistemas automatizados de decisión o control no elimina de manera automática los riesgos de opacidad. Desde una perspectiva analítica, delegar funciones de supervisión en herramientas digitales sin un marco de gobernanza adecuado puede generar zonas grises donde resulte complejo determinar el origen de las fallas operativas o institucionales.
Es indispensable distinguir entre el soporte tecnológico y el ejercicio de la función administrativa. Los algoritmos y los modelos analíticos cumplen una función instrumental, pero no sustituyen el juicio jurídico ni la obligación indeclinable de rendición de cuentas que recae sobre los agentes estatales. La eficiencia derivada de la innovación tecnológica no puede, bajo ninguna circunstancia, relajar los controles de legalidad exigidos en el ordenamiento jurídico.
Gobernanza y supervisión humana en la gestión estatal
Para que la incorporación de la inteligencia artificial en la contratación pública cumpla su propósito de salvaguardar la integridad contractual, resulta imperativo establecer estándares rigurosos de auditoría técnica y supervisión humana permanente. Todo sistema orientado a optimizar la gestión de recursos públicos debe someterse a revisiones periódicas que garanticen la explicabilidad de sus procesos internos y el respeto irrestricto al debido proceso administrativo.
Desde la perspectiva de Bonnett & Asociados, la modernización de la administración pública y la adopción de nuevas tecnologías deben marchar de la mano con un fortalecimiento de los mecanismos institucionales de control. La seguridad jurídica en las compras del Estado no se sostiene exclusivamente en la innovación digital, sino en la solidez de los marcos normativos y en la capacidad de supervisión técnica y legal por parte de profesionales especializados en derecho administrativo y contratación pública.
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